La apuesta por energías renovables forma parte de la nueva economía del siglo XXI y de la búsqueda de alternativas de suministro energético y de independencia de las fuentes primarias. La energía producida por el viento, el sol y el agua se suma a la procedente de residuos fósiles (carbón), líquidos (crudo) o gaseosos (gas) y a la nuclear. Las renovables son ahora uno de los sectores intensivos en inversión y en empleo. Los incentivos fiscales y de tarifa tienen sentido aunque con las debidas cautelas. Algunos proyectos renovables revisten de producto financiero llave en mano vendido desde entidades financieras con el señuelo (más o menos razonable) de envidiables porcentajes de rentabilidad, pero con incertidumbres regulatorias y de licencias de instalación.

La apuesta renovable tiene sentido, está más que justificada y puede ser exitosa a medio y largo plazo, pero debe ser transparente respecto a conflictos de intereses y a zonas de sombra en los complicados y complejos procesos de autorización y licencia. No faltan los que temen que a las malas prácticas de las licencias urbanísticas se sumen ahora las de instalaciones de huertos de renovables.

Esta semana, el Ministerio de Industria, el primer órgano que autoriza los proyectos, precalificó tres centenares de iniciativas con más de 9.000 megavatios de potencia para los próximos cuatro años. Con ellos se cumple con los objetivos de ampliación y renovación de potencia, aunque quedan sin bendecir otros tantos planteados como «producto financiero» con inversores dispuestos a recibir semejante merced. La decisión de Industria, que ha merecido poco análisis, es relevante por la inversión y renovación del parque eléctrico. Y también por su impacto en la tarifa, que merece más información detallada. Más garantías y más independencia no son gratis. No hay milagros. (ABC)